El año arranca con el reto de reconocer la violencia machista fuera de la pareja tras los 47 asesinatos contabilizados en 2018.
975 mujeres asesinadas por violencia machista desde el 1 de enero de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2018. Es el balance, en víctimas mortales, que ha dejado el maltrato contra las mujeres en los últimos 15 años. El que ahora queda atrás, el de la movilización feminista sin precedentes, ha contado 47 casos de mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas y tres menores. Aunque es difícil establecer tendencias y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género mantiene un caso en investigación, es el año en el que menos víctimas mortales se han registrado desde que diera inicio en 2003 la serie histórica. El anterior hito fue 2016, que terminó con 49 mujeres asesinadas. La punta del iceberg de una violencia que registra más de 400 denuncias al día.
El pico se produjo en 2008, cuando 76 hombres mataron a sus parejas o exparejas. Durante aquellos años, era difícil bajar de los 70 casos, pero en 2010 la cifra comenzó a descender. Desde entonces, 62 ha sido el pico más alto, en 2011. «El feminicidio se ha estabilizado a la baja porque la lucha contra la violencia machista tiene sus efectos. Pero en todo caso utilizar el asesinato como indicador del fenómeno no es correcto. Las muertes en sí mismas tienen mucha importancia, pero no es un buen termómetro del maltrato», explica Antonio Andrés Pueyo, catedrático de Psicología de la Universidad de Barcelona y consultor del Ministerio del Interior en este tipo de temas.
Jennifer H.S. tenía 46 años cuando se convirtió en la primera mujer asesinada por violencia machista de 2018. El 19 de enero, su expareja acabó con su vida en Tenerife en un momento en el que se encontraban en trámites de separación. Jennifer había denunciado días antes, pero fue calificada de riesgo bajo y un juez archivó la causa. Tampoco ella pidió orden de protección. 14 del total de víctimas mortales este año, un 29,8%, había denunciado a su agresor, un porcentaje más o menos estable en los últimos años. De ellas, 11 solicitaron medidas de protección. A dos les fueron denegadas y, de las nueve concedidas, cinco estaban vigentes en el momento de los hechos.
Aunque el número de denuncias por violencia machista aumenta desde hace unos años, según datos del Consejo General del Poder Judicial, todavía son muchas las mujeres que se encuentran sin sentencia o con la absolución del denunciado. En el tercer trimestre de este año, últimas cifras disponibles, el 40% de los procedimientos acabaron en sobreseimiento provisional y, de las sentencias dictadas, el 44% y el 10,6% en los Juzgados de lo Penal y en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer respectivamente –estos últimos solo ven casos leves y en los que hay conformidad entre las partes– fueron absolutorias.
Le ocurrió a Itziar Prats, la madre de las dos niñas asesinadas en Castellón por su padre el 25 de septiembre. El caso de esta mujer, que un mes después declaró públicamente que no había encontrado amparo, ya estaba en el sistema judicial cuando el hombre mató a sus hijas. Itziar había denunciado al agresor, pero los dos procedimientos fueron finalmente archivados. En medio del periplo judicial que tuvo que atravesar, decidió desistir después de que el juez denegara la orden de alejamiento que solicitaba. Su caso, sin embargo, no es el más frecuente. Según los datos del Gobierno, en la mayoría de ocasiones el asesino era la pareja de la mujer, vivían juntos y no había denuncia.
«Sigue habiendo un volumen de sobreseimientos muy difícil de digerir. En la mayoría de casos, no es que vean claro que no hay delito, es que concluyen que no hay indicios suficientes», explica María Naredo, directora de prevención y atención frente a la violencia de género del Ayuntamiento de Madrid. Ante este fenómeno, la jurista apela a la necesidad de que jueces y fiscales profundicen en la investigación de este tipo de delito con el objetivo de proteger a las mujeres y evitar su revictimización, un elemento que ha estado en el centro del debate este año, también en el caso de la violencia sexual.
En pleno proceso de separación y tras tres décadas de convivencia, Tomas R. mató el 18 de junio a su esposa, Magdalena M.A. en O Porriño (Pontevedra). Lo mismo le ocurrió a Nuria A.M. tres meses después al ser asesinada por el hombre con el que se encontraba en fase de ruptura. Este es uno de los factores de riesgo que identifican las expertas: el momento en el que la mujer decide irse. «Los hombres las matan porque ellas les han planteado algún problema, en el sentido de que ven que ya no pueden ejercer el control. Les dicen que no aguantan más o que se van a ir. Hay agresores impulsivos que lo hacen en el momento de la separación, otros esperan meses, pero este es un elemento fundamental», analiza Miguel Lorente, médico forense y exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género.
El asesinato de Nuria se produjo en Maracena (Granada), provincia en la que ya se habían producido este año cuatro asesinatos machistas. Andalucía, de hecho, es la comunidad con más víctimas mortales –y también la más poblada–, seguida de Catalunya y Madrid.